El jueves 8 de noviembre de 2012 la Unidad de Intervención Policial (UIP) y el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) arremetieron de manera brutal contra un grupo de ciudadanos que protestaban frente al edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Esta operación de la policía militarizada costarricense se dio por orden directa de la Sra. Presidenta Laura Chinchilla Miranda y fue ejecutada por el Ministro de Seguridad Pública Mario Zamora, los Viceministros de Seguridad Celso Gamboa y Walter Navarro, y el Director de la Fuerza Pública en la región de San José Raúl Rivera, entre otros funcionarios del alto mando policial. La responsabilidad de estos funcionarios no exime a los policías que en el terreno violentaron de manera grotesca los Derechos Humanos de los manifestantes.
Queremos destacar que la Caja Costarricense de Seguro Social es una Institución que ha sido severamente golpeada por las políticas neoliberales de los últimos gobiernos y por la corrupción de los sectores económicamente poderosos que dominan al país sin que las autoridades policiales arremetieran nunca contra los perpetradores. También queremos resaltar que los ciudadanos que ejercían su Derecho a la manifestación pacífica lo hacían en defensa del Derecho Humano a la Salud, este último también claramente violentado por las autoridades costarricenses.
Como consecuencia de esta agresión policial, de la que fueron cómplices los grandes medios privados de comunicación, se produjeron largas filas de vehículos y un gran caos vial, pretexto bajo el cual, irónicamente, se arremetió contra los manifestantes en tres ocasiones, con el saldo de múltiples heridos y detenidos. Contra las largas filas en las clínicas y hospitales del país, las esperas de años para obtener una cita o realizarse un examen médico urgente, y contra el caos en la administración de los dineros de la Caja Costarricense de Seguro Social y la evasión de las cotizaciones del Seguro Social por parte de los patronos, las autoridades no arremeten.
Desde el mismo día de la toma de posesión de la Sra. Chinchilla Miranda se han intensificado las vergonzosas y preocupantes violaciones a los Derechos Humanos de la población a manos de los policías costarricenses. Se ha utilizado el pretexto del narcotráfico y la inseguridad como caballo de troya para militarizar el cuerpo policial y convertirlo en algo similar al cuerpo de carabineros de Chile, según declaraciones de René Castro para Radio Nederland Internacional cuando fungía como canciller del actual gobierno (“Un modelo como el de la fuerza de los carabineros en Chile es interesante. Calculamos aproximadamente tres años necesarios para contar con los recursos suficientes y proceder a la creación de un cuerpo semejante” René Castro, 13 de Enero de 2011).
Acompañando esta escalada de autoritarismo y militarización, entró en vigencia de la Ley“mordaza” de delitos informáticos, que pretende llevar a la cárcel hasta por 10 años, sin ninguna posibilidad de ejecución condicional de la pena, a quien “procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado”. Esta ley atenta contra derechos humanos fundamentales de los y las costarricenses y está claramente dirigida a proteger los intereses de los sectores poderosos a través del miedo y la censura. La cereza en el pastel de la “Dictadura en democracia” implementada por el gobierno de los hermanos Arias Sánchez.
La actuación de la policía costarricense el día jueves 8 de noviembre afectó a muchos adultos mayores, niños y niñas, hombres y mujeres desarmados y en actitud pacífica, estudiantes y dirigentes sociales. Esa actuación policial fue brutal, injustificable y refleja un alto grado de militarización y autoritarismo y significa además un “salir del closet” de los sectores represivos más duros del país, que ya han anunciado que de ahora en adelante así de represivas serán las cosas.
Por lo anterior exigimos:
1. La renuncia del Ministro de Seguridad Pública Mario Zamora, del Director Regional de la Fuerza Pública de San José Raúl Rivera, de los Viceministros de Seguridad Pública Celso Gamboa y Walter Navarro, y de todos los miembros de la cúpula policial costarricense que se hayan graduado en Academias Militares o tengan en su currículum entrenamientos y capacitaciones de carácter militar.
4. Que se derogue la”Ley mordaza”, por atentar contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa de los ciudadanos costarricenses.
A los y las costarricenses
Les hacemos un respetuoso llamado a manifestarnos, de manera pacífica pero masiva, en las próximas convocatorias que han ido surgiendo desde diferentes sectores sociales. Les invitamos a marchar y hacer vigilias en defensa de los derechos políticos y civiles de los costarricenses, en defensa del Derecho Humano a la Salud y por la desmilitarización de la policía costarricense.
A todas aquellas personas que hayan sido víctimas de abuso policial, que puedan aportar testimonios, fotografías o videos, y que se identifiquen con nuestra causa y nuestras exigencias, les invitamos a comunicarse con nosotros al correo nomilitaresencostarica@gmail.com y a seguirnos en el blog nomilitaresencostarica.blogspot.com para trabajar juntos por la desmilitarización en Costa Rica.
Campaña “Costa Rica SIN Militares”
Centro en Acción por Derechos Humanos / CADH
